El desarrollo normativo de los países puede convertirse en un acelerador de la economía o en un cuello de botella para la actividad empresarial. De hecho, es notorio como en casi todos ranking de competitividad global la seguridad jurídica, la estabilidad y la simplicidad de las leyes es un rasgo común de las economías que comparten los primeros puestos.
En España y Europa se debate desde hace tiempo la importancia de aplicar una buena práctica legislativa (smart regulation) e impulsar cuestiones fundamentales para el correcto funcionamiento de la actividad de empresas y ciudadanos como la Unidad de Mercado. No obstante, en la práctica, el ritmo de creación de nuevas regulaciones sigue siendo altísimo. Sólo en 2017, se publicaron en España «954.568 páginas en conjunto los Boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico», según el último informe de CEOE sobre “la producción normativa en 2017”.
La confederación empresarial señala que 2017 fue, pese a todo, el año inicial de legislatura con menor «producción» legislativa, dado el reparto de mayorías parlamentarias actual. Pero eso no quita para que «el entramado legislativo español esté caracterizado por una elevada densidad y complejidad, lo que obliga a las empresas a bregar con un alto, y a menudo disperso, nivel de regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas», señala la CEOE.
Los autores del informe denuncian que esta hiperregulación, cambios permanentes de las leyes y fragmentación normativa «impacta directamente sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, pues erosiona la competitividad de nuestras empresas, que se ven obligadas a destinar notables recursos y esfuerzos a cumplir con la regulación existente, a veces injustificada o desproporcionada. Ello conlleva no poder dedicarse plenamente a su actividad generadora de riqueza y de empleo”.
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