¿Cuál es el nivel optimo de la regulación? Es decir, en qué punto un conjunto de leyes, normas y obligaciones de un país comienzan a generar más costes que beneficios para la actividad económica y barreras al crecimiento de las empresas, la movilidad de las personas o la atracción de inversores. Sin duda es una cuestión difícil de medir, pero recurrente en muchos ránking de competitividad global que asocian, por lo general, un marco normativo sencillo, estable y previsible con la facilidad para establecer negocios en una economía.
Los investigadores del Banco de España, Juan S. Mora Sanguinetti y Ricardo Pérez-Valls aportan algunos datos y conclusiones relevantes a este debate, en su reciente trabajo sobre ¿Cómo afecta la complejidad de la regulación a la demografía empresarial? Evidencia para España. Como punto de partida, los investigadores recuerdan el volumen total de la producción normativa en España se ha multiplicado por cuatro desde los años setenta. A día de hoy «la regulación regional explica entre el 60 % y el 80 % anual de toda la producción normativa desde la consolidación del Estado de las Autonomías a mediados de los años ochenta». Un hecho (en términos de volumen y fragmentación) que según este estudio da lugar a:
- Barreras al crecimiento y acceso: «La complejidad del marco normativo en España a escala desagregada se relaciona negativamente con el número total de empresas y con el capital de las empresas entrantes».
- Fragmentación del mercado: «Un tamaño de mercado más grande puede permitir un mejor aprovechamiento de las economías de escala y de especialización empresarial. Sin
embargo, un marco normativo complejo, caracterizado por un volumen excesivo y fragmentado de regulación, puede provocar discontinuidades en el mercado». - Menos empresas: «Un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,05 % menos de empresas en promedio».
- Más pequeñas: «La regulación dificultaría la presencia de competidores grandes que podrían trabajar en varios mercados regionales al mismo tiempo y, por el contrario, parece favorecer la presencia de pequeñas empresas».
- Menos productividad: «Restricciones al crecimiento de las empresas, por cuestiones fiscales, administrativas, organizativas u otras, generan incentivos para escoger un tamaño de empresa subóptimo en términos de productividad».
- Dificultades de aplicación: «La complejidad normativa se relaciona más en general con problemas de coordinación». «Las empresas incumplen con mayor probabilidad normas que no conocen o sobre las que haya dudas de su vigencia [Bardhan (2002) y Di Vita (2017)]. Es más, incluso teniendo capacidad para conocer todo el marco normativo, las empresas podrían tener dificultades para conocer la norma aplicable si es que existe una multiplicidad de fuentes».
Como recopila periódicamente la CEOE, en España se publican todos los años en torno a un millón de nuevas páginas en los boletines oficiales del Estado y Comunidades Autónomas. Un nivel de producción normativa difícilmente sostenible.
Ante ello, la CEOE ha señalado que «el debate debe centrarse en la mejora de la eficiencia y la estabilidad del marco normativo, reduciendo su complejidad, limitando la producción de normas, y garantizando una cierta estabilidad del ordenamiento jurídico. De igual modo, las normas promulgadas han de ser claras y simples con el fin de evitar ulteriores interpretaciones; la transposición de la normativa europea debe realizarse sin introducir requisitos o cargas adicionales; y debe adoptarse un sistema de coordinación legislativa entre las AAPP».
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