La volatilidad de los mercados energéticos y la inestabilidad geopolítica penden como una espada de Damocles sobre las perspectivas económicas. En el plazo inmediato, los principales servicios de estudios coinciden en que el principal riesgo en estas circunstancias sigue siendo la inflación. Desde Caixabank, sus analistas prevén que el «promedio anual (de inflación) en 2022 se sitúe cerca del 4,5%» y la inflación subyacente «se sitúe en el 2,6% en el promedio». En su opinión, «el contagio de la inflación a un mayor número de componentes de la cesta de consumo, la volatilidad del componente energético (sujeto a tensiones geopolíticas y fenómenos meterológicos), la persistencia y severidad de los cuellos de botella y la depreciación del euro siguen siendo amenazas sobre nuestro escenario».
Como ya hemos señalado en este blog, las tensiones inflacionistas tienen un fuerte impacto sobre sus expectativas de inversión y consumo, tanto de los hogares, como de las empresas. Sobre todo, por el extraordinario crecimiento de los precios de la electricidad, al que se suman los carburantes, el alzas en determinadas materias primas y los problemas generados en la logística internacional.
La experiencia de episodios pasados muestran que, con una inflación alta sostenida en el tiempo, los consumidores tienden a redefinir sus preferencias de compra. Es decir, compensa parte de las fuertes subidas del recibo de la luz o los carburantes comprando productos más baratos, sustituyendo algunos por otros de menor valor o retrasando determinadas compras, sobre todo en bienes duraderos, de equipamiento personal, etc.
Los últimos datos del INE, muestran como en enero 2022 continúan los efectos distorsionadores de la cadena de suministros en producción y transportes y se han trasladado a precios los costes de materias primas y energía, sin embargo persiste el diferencial entre el IPC general y el índice de alimentación en 1,3 puntos. Como muestran los datos de Caixabank, las mayores subidas de alimentación como la carne de ovino, los aceites y grasas y las frutas, explican apenas cuatro décimas del 6,1% del IPC general. La contribución total de alimentación fresca y envasada es de 1,2 puntos frente a los 4 puntos de la electricidad y de los combustibles.
Desde ANGED, hemos venido insistiendo en la importancia que tienen las decisiones políticas, tanto de Gobierno como de comunidades autónomas, a la hora de atenuar el impacto de este escenario adverso. De lo contrario, medidas inadecuadas pueden deteriorar si cabe más la competitividad de las empresas y las rentas de los hogares. Por ejemplo, el incremento de impuestos previsto es una de las medidas que puede truncar la lenta recuperación de la actividad y del empleo.
IEE: «En la situación actual de la economía española si se plantearan subidas adicionales significativas de la presión fiscal se provocaría una importante destrucción de actividad y empleo».
Como señala el Instituto de Estudios Económicos (IEE) «la reforma fiscal del sistema tributario español debe perseguir una mejora de su eficiencia y competitividad, así como el fortalecimiento del crecimiento y el empleo, lo cual permitiría incrementar las bases imponibles y, por tanto, la recaudación a medio y largo plazo. En la situación actual de la economía española si se plantearan subidas adicionales significativas de la presión fiscal se provocaría una importante destrucción de actividad y empleo. Así una subida de la presión fiscal de 3 puntos de PIB, como algunos han barajado, podría suponer a medio y largo plazo una pérdida de renta de un orden de 5 puntos de PIB y una destrucción de un millón de empleos».