“La fragmentación del mercado, dentro de España, sigue siendo un gran obstáculo para aumentar la productividad”, señala la Comisión Europea en el último informe país sobre España del Semestre Europeo.
La Comisión señala que “durante la última década, el débil desempeño de la productividad ha ampliado aún más la brecha con sus pares de la UE. Esto ha sido impulsado, entre otros factores, por el bajo gasto privado en I+D y las deficiencias en el entorno empresarial, incluida la fragmentación del mercado, la regulación dependiente del tamaño y las preocupaciones sobre la calidad de la legislación. Las habilidades digitales están mejorando, pero persisten otras carencias y desajustes significativos, incluso en habilidades ecológicas y de innovación”.
Según datos recogidos en el informe, “la proporción de empresas que informan que la regulación empresarial es un obstáculo importante para su inversión a largo plazo es significativamente mayor en España que el promedio de la UE (60,5 % frente al 29,6 % en 2022)”.
La Comisión Europea insta a “reforzar la integración de la economía española en el mercado único de la UE” para mejorar la competitividad. “España es una gran economía cuya integración comercial en el mercado único de bienes y servicios está por debajo de la media de la UE (ES 22,1% vs 45,8% UE en 2022). En este nuevo escenario geopolítico, se necesita un mercado único más fuerte para garantizar una competitividad sostenible a largo plazo”, con medidas que impulsen “un mejor entorno regulatorio, implementación efectiva de la unidad de mercado dentro de España, reducción de la morosidad, reducción de barreras en algunos servicios comerciales, mejorar el acceso al crédito”, entre otras.
En esta línea, la Comisión Europea señala el comercio minorista como uno de los sectores más perjudicados por la falta de unidad de mercado: “En determinadas Comunidades Autónomas, las barreras regulatorias en el comercio minorista siguen obstaculizando la competencia. España se encuentra entre los Estados miembros más restrictivos en lo que respecta a los marcos regulatorios minoristas, en particular para las operaciones minoristas”.
Recientemente, el Banco de España en su informe sobre Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España –analiza el impacto de 206.777 normas por sector de actividad y CCAA entre 1995-2020- pone cifras al diagnóstico de la Comisión Europea: “Un 10% de nueva regulación se relaciona con una caída relativa del 0,5% en el número de empleados para las empresas”.
Los datos estructurales del sector del comercio en España muestran carencias respecto a su entorno más próximo. Presenta mayor densidad comercial y menor tamaño empresarial, que se traduce en menores niveles de empleo y capacidad inversora. En consecuencia, también tiene unos menores niveles de productividad y concentración respecto a la media europea. (Más información en el Informe Anual ANGED)
Como señala la Comisión, la fragmentación de nuestro mercado y el exceso de regulación explican buena parte de estos problemas de productividad y crecimiento de la actividad empresarial. En su último índice de restricciones al comercio minorista, Bruselas ya situó a España como segundo país con más barreras operativas y para el ejercicio de la actividad comercial. La valoración recogida en el Semestre Europeo no señala que se haya producido una mejora en este sentido.
Desde ANGED llevamos tiempo demandando un entorno regulatorio más flexible y seguro para el comercio en España, que impulse la actividad en torno a:
- Preservar la unidad de mercado. España no puede permitirse el lujo de fragmentar su mercado interior en cuestiones fundamentales como el medio ambiente, la protección del consumidor o la libertad de empresa.
- Realizar una profunda revisión de aquellas normas vigentes o previstas que representen un incremento adicional de los costes de las empresas.
- Evitar nuevos impuestos que frenen la recuperación de la actividad y el empleo.
- Dotar a las empresas de un marco de flexibilidad imprescindible para cumplir los objetivos y ajustarse a las nuevas condiciones del entorno económico.
- Generar incentivos para la modernización de las empresas y acompañar al sector privado en la doble transición digital y sostenible.
- Medidas que reduzcan los costes energéticos.
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