- La moratoria comercial de Mallorca «supone una grave restricción a la libertad empresarial que perjudica a los consumidores, a las empresas e infringe la normativa comunitaria y nacional», asegura la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requerido al Consejo Insular de Mallorca que derogue la mal llamada «moratoria comercial» para la concesión de nuevas licencias para la apertura de grandes establecimientos. Es decir, demanda al Consell que derogue el Acuerdo de 22 de diciembre de 2017 por el que se aprueba el régimen de suspensión de licencias y autorizaciones para instalar equipamientos comerciales hasta la aprobación definitiva del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA). Este tipo de requerimiento, según explica la CNMC, supone un paso previo para tratar de «evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo».
El supervisor entiende que una medida como la adoptada por el Consell «restringe seriamente la competencia. Al prohibirse la instalación y la ampliación de los establecimientos de cierto tamaño, se crea una barrera que protege a las compañías ya implantadas, que no necesitarán preocuparse de la entrada de nuevos competidores, y se incide en una oferta de tamaño medio ineficiente. Esto tendrá efectos negativos sobre el bienestar para consumidores y empresas«.
Como ha manifestado en casos similares, la conocida como moratoria comercial de Mallorca «no se ajusta al Derecho de la Unión Europea, fundamentalmente la Directiva de Servicios, ni al Derecho nacional que obliga a los poderes públicos a justificar las restricciones a la libertad de empresa conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad».
Impugnación anterior
La CNMC ya impugnó en 2016 ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una moratoria similar, anulada por este Tribunal. A su juicio, la nueva moratoria mantiene «los efectos perniciosos sobre la competencia» de la anterior que ya fue anulada.
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