SIN MARGEN PARA MÁS CARGAS FISCALES
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(Publicada en Mercados de El Mundo 23/06/2013)
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La gravedad del trance exige tomar decisiones complicadas para mantener el navío a flote y llegar a buen puerto. Y aunque las tormentas no siempre golpean de la misma manera, conocer los errores y éxitos de otros otorga sin duda la pericia necesaria para alcanzar los objetivos. Partiendo de esta premisa, me atrevo a sugerir que el incremento de la presión fiscal y la falta de medidas más contundentes para reducir el gasto público difícilmente nos conducirán a buen puerto.
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El punto de partida del comercio es crítico. Acumula 34 meses en negativo y las perspectivas no ofrecen tregua. El paro y los ajustes fiscales han mermado las rentas de los hogares que, en un entoo de desconfianza, recortan mes a mes su consumo. En contra de la opinión generalizada, el gran formato comercial ha salido el peor parado en esta crisis. Sus ventas se han desplomado un 34%. Pese a ello, la distribución ha buscado fórmulas para ser más competitiva, ahorrar en costes y ajustar los precios a la realidad social.
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Desde 2008, el IPC comercial ha avanzado tres puntos menos que el IPC general. Frente a la sangría del paro, la distribución ha recortado cuatro puntos menos su nivel de empleo. Por otro lado, los 2.000 millones de euros al año de inversión son una muestra de confianza en el futuro. Las empresas de ANGED otorgan además la mitad del crédito al consumo y sus compras a proveedores nacionales rozan los 30.000 millones de euros, con una aportación a la economía de 14.400 millones.
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Lamentablemente, este esfuerzo en términos de competitividad, empleo e inversión es anulado por decisiones políticas, como el impuesto sobre las grandes superficies de algunas comunidades. Un tributo injustificado e insostenible, que quiebra los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica y libertad de empresa.
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Es un tributo injustificado porque no cumple el requisito fundamental de la fiscalidad verde de “quien contamina, paga”. Por otro lado, es contradictorio gravar el impacto de un establecimiento que para instalarse ya ha tenido que pasar un exhaustivo filtro legal en materia de medio ambiente. En tercer lugar, este tributo distorsiona seriamente la competencia. Empresas que operan con formatos medianos eluden un gravamen que castiga a otras compañías competidoras con tiendas más grandes.
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Por si fuera poco, ninguna Administración ha demostrado por qué un gran comercio contamina más que el tránsito diario a hospitales, escuelas, oficinas, mercas, campos de fútbol, etc. Siguiendo su absurdo criterio ambiental, ¿no se debería gravar también otras actividades?
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No se puede castigar de esta manera a un sector que, desde el inicio de la crisis, ha trabajado con ahínco para responder a la realidad social. Este tributo es insostenible para las empresas. Puede llegar a absorber hasta el 36% del beneficio de muchas tiendas, poniendo en riesgo su existencia. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el gran formato comercial dedica parte de su superficie a la venta de productos (hogar, electrónica, bricolaje o textil) que se han visto más dañados por la subida del IVA y el retroceso del consumo. El perjuicio de este tributo sobre el empleo y la inversión supera la recaudación esperada. La generalización del impuesto sobre grandes superficies puede destruir 18.000 empleos y recortar un 10% la inversión. Es decir, 18.000 personas menos dejarían de cotizar y contribuir al Estado, sin contar con el consecuente gasto en prestaciones. En definitiva, es un impuesto que penaliza la competitividad de las empresas y, de forma indirecta, añade más cargas a los consumidores.
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El caso particular de la distribución es un síntoma de que tanto familias como empresas no soportan más impuestos. Éstos solo puede deprimir más el empleo, el ahorro, el consumo y la inversión, sin obtener a cambio mejoras en los ingresos fiscales. La consolidación presupuestaria no será sostenible mientras España mantenga un modelo fiscal que asfixia la actividad. Mientras los tipos marginales del IRPF sean los más alto de su entoo, el Impuesto de Sociedades sea cinco puntos superior a la media de la OCDE y las cotizaciones sociales (un coste para la contratación) sean las más altas entre las economías desarrolladas.
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España requiere de un sistema fiscal que ayude a crear empleo, que dé oxígeno a familias y empresas. Un modelo que ensanche las bases fiscales y simplifique las reglas de juego. En definitiva, que la fiscalidad sea una palanca para la competitividad de las empresas, la atracción de inversiones y la lucha contra el paro, en lugar de una rémora para la recuperación.
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