La inflación se ha convertido en un problema de primer orden para empresas y hogares. En un entorno muy desfavorable, la guerra en Ucrania ha añadido si cabe más tensiones a la preocupante escalada que desde hace meses se ha producido en los precios de la electricidad y los carburantes, el alza histórica de las materias primas, los problemas de oferta y los cuellos de botella de la logística internacional.
En consecuencia, empezamos a observar un deterioro de la confianza de los agentes, que afecta de forma negativa a las previsiones de inversión y empleo de las empresas y, en especial, a la capacidad de compra los hogares más vulnerables.
Si nos fijamos únicamente en el apartado energético, en sectores intensivos de consumo eléctrico, como la distribución comercial, el precio de la electricidad pagado por las empresas se ha multiplicado por cuatro, disparando la factura en más de un 75%.
“La situación internacional por la guerra en Ucrania y la crisis energética obligan a redefinir de forma inmediata la estrategia de las empresas, en un escenario muy duro. Este esfuerzo del sector privado tendría que ir acompañado de medidas que ayuden a reducir los costes y que flexibilicen el margen de actuación, si no queremos abocar al colapso de muchas de empresas”, señala Javier Millán-Astray, vicepresidente Ejecutivo de ANGED.
En su opinión, “mientras dure esta coyuntura se debería adoptar medidas en dos frentes. Por un lado, realizar una profunda revisión de aquellas normas vigentes o previstas que representen un incremento adicional de los costes de las empresas. Por otro lado, dotar a las empresas de un marco de flexibilidad imprescindible para cumplir los objetivos y ajustarse a las nuevas condiciones del entorno económico”.
Desde ANGED, hemos lanzado un nuevo Barómetro #Topcommerce, con la colaboración de ocho economistas y expertos empresariales, para contribuir al debate en torno a las medidas que se podrían impulsar en España para aliviar el fuerte impacto de la inflación sobre los costes y márgenes de las empresas.
GREGORIO IZQUIERDO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (IEE)
“Dada la naturaleza del actual episodio inflacionario, que no deja de ser una perturbación negativa de oferta, resulta clave que las medidas que se implementen vayan dirigidas a paliar los efectos de este shock sobre nuestro tejido empresarial.
La mejor solución pasa por abordar una rebaja de los impuestos que soportan las empresas, así como planes liberalizadores, que contribuyan a aliviar la presión que suponen los incrementos de costes de producción, lo que permitiría evitar un deterioro mayor de los márgenes empresariales, así como sostener la actividad y el empleo. Una prioridad debe ser evitar mecanismos de indiciación, que suponen aún mayores incrementos de costes para las empresas y desencadenan espirales de precios-salarios, contribuyendo a agravar todavía más el problema.
Desde luego, un episodio inflacionario se contiene mejor de forma preventiva que paliativa. Pero nunca es tarde para abordar las reformas estructurales necesarias para mejorar nuestra competitividad, productividad y crecimiento potencial, entre las que destacan la mejora de la eficiencia del gasto público como medida clave para conseguir la necesaria consolidación fiscal a medio plazo y ayudar a recuperar la confianza de las empresas en un entorno caracterizado por la incertidumbre”.
MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ, ECONOMISTA SENIOR DE FUNCAS
“El estrechamiento de los márgenes empresariales procede del encarecimiento de los costes de producción por el aumento de precios de las materias primas, la energía y transporte marítimo, que se han ido transmitiendo a lo largo de la cadena. En el caso de las empresas de distribución, se encarece tanto el precio al que se adquiere el producto como la factura de la electricidad, que en el comercio tiene un peso importante.
Si el incremento de costes fuese permanente, no tienen sentido las ayudas públicas directas como bonificaciones a ciertos consumos o rebajas fiscales, que por su naturaleza sólo pueden tener carácter transitorio, ya que, de ser un encarecimiento permanente, las empresas deberán adaptarse a la nueva situación mediante cambios organizativos, traslado a precios finales, ajustes de tamaño, etc. Si el incremento fuese transitorio, podrían tener más sentido las ayudas directas, pero el margen de las Administraciones para adoptar estas medidas es muy reducido debido al elevado endeudamiento público.
La única medida realmente potente que está en manos del Gobierno sería modificar el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico, con el fin de abaratar el precio de la electricidad. Todavía está por confirmar la propuesta de topar el gas, por lo que es pronto para valorar.
A parte de la anterior, las medidas que se pueden adoptar van en el sentido de créditos ICO y promover un pacto de rentas en el que deberían estar incluidas las pensiones, para distribuir el impacto del coste”.
JUAN PABLO RIESGO, SOCIO EY TRANSFORMA Y BUSINESS CONSULTING
“Para reducir el impacto inflacionista en los márgenes de las empresas se pueden aplicar nuevas deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, con Cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por inversiones dirigidas a mejorar la eficiencia de los procesos de producción (por ejemplo, la adaptación a exigencias como la transición ecológica, la facturación electrónica, la ciberseguridad, la capacitación digital, la automatización de procesos, la nube, el software de gestión, etc.) que liberen recursos a las empresas y les dé más margen para evitar trasladar a precios el impacto de los sobrecostes de producción provocados por el repunte de la inflación.
Las empresas del sector del comercio pueden reducir costes lo máximo posible y acogerse al máximo número de ayudas públicas para poder proteger su cuenta de pérdidas y ganancias, así como hacer eficientes al máximo sus procesos, tratando de evitar trasladar a precios el sobrecoste de producción provocado por el repunte de la inflación”.
ALICIA CORONIL, ECONOMISTA JEFE DE SINGULAR BANK
“Los datos están constatando el riesgo de que la economía española y, por tanto, sus empresas, pierdan competitividad vía precio al observarse una tasa de inflación no sólo mayor a la de la Eurozona, sino también significativamente superior al de otras principales economías de la zona monetaria como Francia (4,5% anual en marzo) o Italia (6,5%).
Esta circunstancia está provocando una fuerte erosión de la renta disponible de los hogares y un deterioro de los márgenes empresariales ante el repunte de los costes de producción, con implicaciones negativas en el consumo, la inversión y la estabilidad del empleo. De ahí que sería oportuno reducir la presión fiscal que sufre el tejido empresarial, teniendo en cuenta que en nuestro país predominan las micro y pequeñas empresas con menor capacidad de soportar las presiones inflacionistas. En concreto, debería reducirse el Impuesto de Sociedades, a un tipo del 20%, y las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, como vía para que puedan contrarrestar el significativo incremento de los costes de producción y evitar efectos de segunda ronda. Una medida que debería ir unida de una mayor eficiencia del gasto público, reducción de la carga burocrática y diseño de políticas de oferta destinadas a impulsar el crecimiento y la productividad de nuestras empresas”.
MARIO CANTALAPIEDRA, ECONOMISTA Y PROFESOR DE DEUSTO BUSINESS SCHOOL
“Puesto que el impacto inflacionista para las empresas se concentra en el encarecimiento de la energía y los combustibles, deberían arbitrarse mecanismos de subsidio en los consumos energéticos y de combustible de las empresas en función de la intensidad con la que recurran a estas materias primas.
También soy partidario, aunque no sea un tema que se relacione directamente con los márgenes sino con la liquidez, de establecer un pacto de pagos que asegure que pymes y autónomos cobran sus facturas dentro de los plazos legales con el fin de no aumentar sus problemas financieros en estos momentos tan complicados.
En el caso de las empresas del sector del comercio, les recomiendo llevar un control exhaustivo de costes, especialmente de los que están teniendo un comportamiento más inflacionario, gestionar los riesgos de crédito comercial para minimizar la morosidad y hasta replantear la propia estrategia comercial, tratando de diversificar la venta hacia clientes que proporcionen márgenes más elevados o que sean menos sensibles a los aumentos de precios”.
TRANSY RODRÍGUEZ, SOCIA EY CONSUMER PRODUCTS AND RETAIL
“Desde el punto de vista externo, las medidas públicas para relajar la tensión actual deberían consistir en la reducción con carácter inminente de los impuestos que afectan al consumo en general, a la energía y otras commodities. Tomar medidas para fomentar la competencia. Mejorar infraestructuras que optimicen las cadenas de producción y distribución. Fomentar las importaciones de materias primas y otros inputs industriales a partir de una reducción de aranceles y cuotas. Optimizar la regulación laboral, de forma que se traduzca en un incremento de empleo a largo plazo. Definir políticas de rentas y salarios adecuadas a la situación, y por último, aumentar la liquidez y las garantías.
Desde un punto de vista interno, la nueva normalidad obliga a gestionar de forma diferente, controlando los costes de producción y tratando de reducir el impacto de la inflación en el corto plazo a través de compras a medio y largo plazo que puedan diluir, aunque no evitar, el impacto de los precios actuales. Se configura también como una acción esencial la renegociación de las condiciones de los contratos, especialmente los indiciados a la inflación. Igualmente, deben continuar trabajando para la mejora de la competitividad, búsqueda de nuevos mercados, alianzas estratégicas y la consecución de ahorros que contrarresten la caída de márgenes a través de la automatización y digitalización”.
FERNANDO CASTELLÓ, ECONOMISTA Y PROFESOR DE ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
“La reducción de impuestos a las materias primas energéticas representa un efecto muy limitado sobre la inflación. De hecho, una eventual rebaja de impuestos planteada de manera transversal, para todos los colectivos y niveles de renta supondría una política fiscal expansiva, con efectos similares a la expansión del gasto público.
Para evitar los efectos de segunda ronda, resulta necesario avanzar en un pacto de rentas que también incluya las pensiones. Además, desde una perspectiva de equidad, resultaría de gran utilidad una rebaja de impuestos a los tramos inferiores de renta. Esta medida conecta con el actual debate sobre la propuesta de deflactar los tramos del IRPF, con el objetivo de evitar que, además de provocar una pérdida de poder adquisitivo, la inflación actúe como un incremento de bases, conforme a un impuesto adicional tremendamente injusto y silencioso. No obstante, dada la actual reactivación y el incremento de precios, con el aumento de ingresos públicos extraordinarios, resultarían adecuados instrumentos de transferencias para colectivos de empresas y familias que se encuentran más afectados por la coyuntura. Una potencial rebaja de impuestos debería ser temporal y tremendamente selectiva.
Otras medidas pasan por la mejora de la eficiencia en el gasto público y un regreso a la ortodoxia fiscal, con la correspondiente consolidación presupuestaria. Desde la perspectiva específica del sector minorista, resulta fundamental superar el enfoque coyuntural y adoptar una perspectiva a largo plazo que permita mejorar la productividad, junto a una confirmación de la transición energética, algo que a medio-largo plazo hará posible la recuperación de márgenes. Así, las reformas deben orientarse hacia la creación de valor y la mejora de la competitividad”.
MARCOS MOSTEIRO, PROFESOR ASOCIDADO IE BUSINESS SCHOOL Y DIRECTOR FINANCIERO EN THE LUXONOMIST
«Desde un punto de vista lógico, debemos apostar por un gran Pacto de Estado Económico con medidas de ajuste y ayudas directas a las familias, para dar una mayor escalada al consumo interno. Este gran Pacto de Estado Económico debería contemplar medidas de rebajas fiscales con el fin de dar un respiro a las familias y empresas. Otra gran medida será adelgazar los veinticuatro ministerios, es decir, minorar la estructura del Estado; vigilar el nivel de precios de consumo básico minorando el IVA reducido; hacer un pacto de Gobierno- Eléctricas para rebajar tarifas a hogares y empresas, vía menos impuestos y precios tope; limitar precios al consumo de materias primas básicas; continuar más allá del 30 junio con la limitación de las rentas de alquiler al 2%; y con respecto al Impuesto de Sociedades, rebajar su cuantía para dar holgura a las empresas en pro del crecimiento. Estas deben ser un conjunto de medidas para paliar el grave deterioro del tejido empresarial y familiar. Este gran Pacto de Estado Económico debe pactarse con la mayoría de las fuerzas políticas»
Desde ANGED hemos lanzado una encuesta en Twitter para saber qué medidas económicas se podrían impulsar para reducir el impacto inflacionista en los márgenes de las empresas, según los usuarios de la red social. Un 64,2% de los usuarios apunta a una rebaja de impuestos a las empresas, y un 16,4% considera que lo más adecuado sería un pacto de rentas. Por otro lado, un 11,2% apostaría por políticas de oferta, mientras que un 8,2% considera que lo más apropiado serían ayudas temporales.
