La nueva norma recoge buenas prácticas y experiencias ya impulsadas por la cadena de valor agroalimentaria para reducir el despilfarro
Es importante garantizar la unidad de mercado en los planes de prevención de las empresas porque su fragmentación por CCAA puede genera costes innecesarios
LA DISTRIBUCIÓN (ANGED) valora positivamente la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que entra en vigor hoy, en cuyo proceso legislativo han participado todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria. El texto recoge buenas prácticas ya impulsadas por las empresas de la distribución y marca unos ambiciosos objetivos de reducción del desperdicio para 2030: del 50% para el ámbito doméstico y de un 20% en los procesos de producción y distribución.
La lucha contra el desperdicio alimentario tiene un triple impacto para la sostenibilidad: es un pilar de la eficiencia económica de las empresas; ayuda a reducir la huella medio ambiental de los procesos; y permite involucrar a todos los agentes, incluidos los consumidores, en la consecución de un objetivo que es bueno para toda la sociedad.
En este sentido, el desperdicio en las empresas de la distribución se ha reducido por debajo del 1% del total de los productos que comercializan gracias a medidas como las innovaciones en la gestión de los stocks; la mejora de los sistemas logísticos y de refrigeración; la evolución de los envases o las acciones de sensibilización a los consumidores.
Además, la nueva ley establece un sistema claro de responsabilidades en materia de seguridad alimentaria, que incentiva y da seguridad jurídica a las donaciones de alimentos. La reducción del IVA a las donaciones supone un incentivo adicional para las empresas que ya colaboran desde hace más de dos décadas con bancos de alimentos y organizaciones del tercer sector.
Para garantizar la coherencia y eficiencia de los objetivos de la Ley, es deseable que aquellas empresas que operan en toda España puedan elaborar planes de prevención de la reducción del desperdicio a nivel nacional. Fragmentar en 17 mercados autonómicos esta materia solo añadiría costes innecesarios y capas de burocracia a una lucha contra el desperdicio alimentario en la que participa el conjunto de la sociedad.
La ley también introduce la jerarquía de prioridades en la gestión de las pérdidas y el desperdicio alimentario que no se haya podido evitar. Para ello considera los modelos de negocio y los posibles destinos, dando la flexibilidad necesaria y justificación, una práctica en la que ya se viene trabajando en la distribución.
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