Ocho de cada diez operaciones comerciales se realizan en efectivo y más de un 40% de los españoles considera muy importante tener acceso a este medio de pago
No es el momento de adoptar medidas que pueden perjudicar la recuperación y que van en dirección contraria a las promovidas en Europa. Ya que no llegan las ayudas a las empresas, al menos que no se perjudique su actividad
Se está sustituyendo el dinero efectivo garantizado por los Estados por otros medios de pago que tiene un elevado coste para ciudadanos y comerciantes
El BCE, la Comisión y el Consejo Europeo coinciden en favorecer el acceso y la utilización del efectivo: No se puede poner bajo sospecha el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos
El límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo que el proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal pretende introducir supone un ataque directo al medio de pago utilizado mayoritariamente en España, han advertido hoy las organizaciones del sector comercial ANGED, CEC, ACOTEX, FECE. En concreto, según datos del Banco Central Europeo, el 83% de las operaciones de compra son en efectivo, diez puntos más que la media europea. El dinero en efectivo es un medio de pago emitido y garantizado por los Estados, por eso, el sector del Comercio señala que no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos.
La caída del consumo provocada por la pandemia y las restricciones en España duplica a la media de la UE y ha tenido un impacto gravísimo en el sector del comercio, con más de 60.000 empleos destruidos y más de 20.000 millones de facturación perdida. En algunas categorías como la moda, complemento y bienes de equipo personal las ventas acumulan meses de caídas a doble dígito. Sin un horizonte claro de recuperación y con unas ayudas que no llegan, el Comercio pide que al menos no se perjudique más la actividad de las empresas con medidas que van justo en la dirección contraria a las promovidas en Europa.
Limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros supone una barrera innecesaria al consumo. Supone sustituir el dinero en efectivo garantizado por los Estados por otros medios de pago que tiene un elevado coste para ciudadanos y comerciantes, como los ocasionados por las comisiones del pago y la posesión de tarjeta.
El Comercio comparte el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España, porque penaliza la competitividad de las empresas que operan dentro de la Ley. Sin embargo, parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo y a la propia libertad de elección por parte del consumidor, poniendo bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio por valor superior a 1.000 euros.
En sus Conclusiones de marzo de 2021 relativas a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la Unión Europea, el Consejo Europeo reconoce que “el efectivo sigue desempeñando un papel esencial” como “salvaguardia en caso de mal funcionamiento de los sistemas e infraestructuras de pago”. Concluye que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuarios”. Una línea defendida también por el Banco Central Europeo y la Comisión y que choca frontalmente con las medidas que pretende introducir el proyecto de Ley tramitado en las Cortes.
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