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ANGED solicita al presidente del Gobierno más transparencia en los criterios sanitarios y menos “discrecionalidad” política en el plan de reapertura comercial

Por 20/05/2020junio 20th, 2023Sala de prensa4 minutos de lectura

Los problemas financieros de las pequeñas empresas del comercio no se van a resolver prolongando el cierre de las tiendas de mayor tamaño

El Ejecutivo alienta una falsa rivalidad entre pequeñas y grandes empresa que está sobrepasada por la realidad de un mercado digital y global

Todo el comercio que cumpla las medidas de seguridad y prevención tiene que poder abrir en la Fase 1 como estaba previsto y anunciado en el plan inicial de desescalada

ANGED muestra su profundo malestar ante el “grado de discrecionalidad” política y económica con el que, según ha manifestado esta mañana en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha decidido la reapertura escalonada del comercio en España.

Los problemas financieros y de liquidez ocasionados por el cierre total durante dos meses y medio de las tiendas son comunes a todo el comercio y sectores, no sólo del pequeño comercio. Desde las principales organizaciones empresariales llevamos semanas demandando y proponiendo medidas para un paquete fiscal y financiero potente y efectivo, equiparable al de los principales países de nuestro entorno, que ayude a salvar la actividad de nuestro sector productivo, aliviar sus cargas fiscales y reducir sus costes.

En ese sentido, entendemos que si el pequeño comercio no dispone de “músculo financiero” como ha explicado el Presidente, la obligación del Gobierno es ofrecer soluciones que mejoren esa situación de falta de liquidez, sin penalizar la situación del resto de operadores retrasando la reapertura de las tiendas de mayor tamaño.

Cientos de miles de empleos y pymes, principalmente en la industria, dependen de la reapertura de todo el comercio. De hecho, en todos los países de nuestro entorno el comercio está abierto. Las razones que argumenta el Presidente, que responden a criterios políticos y económico, generan una discriminación que afecta a la competencia efectiva en el mercado, vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia. Con ello, el Ejecutivo está alentando además una falsa rivalidad entre pequeñas y grandes empresas que está absolutamente sobrepasada por la realidad del mercado global de hoy, en el que todos competimos con enormes plataformas digitales globales.

La excepcionalidad de esta crisis exige por parte de todos, en especial, de nuestros gobernantes, de un ejercicio de transparencia a la hora de explicar sus decisiones. La mayor parte de las tiendas de nuestras empresas asociadas llevan tres meses cerradas, con casi 100.000 empleados en situación de ERTE y sujetas a una situación de inseguridad jurídica extrema, con medidas discrecionales permanentes muy difíciles de manejar. Somos un sector que ocupa de forma directa a 230.000 personas en toda España y de la que depende una cadena de valor de 30.000 millones de euros, formada principalmente por pymes de la industria y los servicios ahora también paradas. Algunas de nuestras empresas tienen más de 25.000 proveedores españoles, también sujetos y perjudicadas por la discrecionalidad de estas decisiones políticas.

Los trabajadores de nuestras empresas y sus proveedores tienen exactamente los mismos derechos que los de cualquier otra empresa. Nuestra actividad no genera mayor movilidad de personas que, por ejemplo, una gran industria, el transporte público u otras actividades de servicio, en donde sin embargo, no se ha establecido una discriminación por tamaño para que, por ejemplo, primero abran las casas rurales antes que los hoteles o las pequeñas fábricas antes que las grandes factorías.

Desde ANGED y sus empresas somos perfectamente conscientes de las obligaciones de higiene y protección para establecimientos comerciales, empleados, clientes, así como las restricciones de aforo recogidas en la Orden de desescalada de la Fase I. Todas las tiendas de las empresas de ANGED están preparadas para poder cumplir con estos requisitos del Gobierno y avanzar en medidas complementarias más rigurosas ya recogidas en sus propios protocolos de seguridad.

Estamos en condiciones, por tanto, de colaborar en la desescalada y aportar todo nuestro potencial al interés general de hacer frente a la pandemia y reconstruir la economía.

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