En España se escriben y publican todos los años en los boletines oficiales en torno a un millón de páginas nuevas de regulación. “El entramado legislativo español esté caracterizado por una elevada densidad y complejidad, lo que obliga a las empresas a bregar con un alto, y a menudo disperso nivel de regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas”, advertía CEOE en su último Informe sobre la Producción Normativa 2017.
En otras palabras, una buena regulación (sencilla, estable, segura) puede constituir una palanca competitiva para la economía de un país; mientras que la hiperregulación y la consecuente ruptura del mercado genera altos costes de transacción para los ciudadanos y ahoga el crecimiento de las empresas.
En su último análisis sobre la situación de España, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no puede ser más contundente a este respecto: «Las perspectivas de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si se realizasen esfuerzos para reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, para mejorar el acceso a los mercados y la competencia y para reducir las barreras al crecimiento empresarial». Una simplificación de nuestra normativa que el FMI lleva a otros campos como la ciencia, la investigación o la educación.
FMI: «Las perspectivas de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si se realizasen esfuerzos para reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, para mejorar el acceso a los mercados y la competencia y para reducir las barreras al crecimiento empresarial»
En el caso particular del comercio, desde ANGED advertimos desde hace años de los problemas que la falta de Unidad de Mercado están generando. En la última Asamblea Anual, el presidente de ANGED, Alfonso Merry del Val, mostró su preocupación ante «una legislación tan cambiante y fragmentada en 17 comunidades que, en lugar de velar por la unidad del mercado, busca el elemento diferenciador y particular entre mercados cada vez más pequeños. Esto genera un enorme entramado burocrático tan complejo que crea graves ineficiencias y ahoga la inversión empresarial».
Precisamente, la Comisión Europea sitúa a España como el segundo país de la UE con mayor número de restricciones al ejercicio del comercio. Barreras a la apertura de nuevas tiendas, limitaciones de horarios comerciales, impuestos específicos o las regulaciones de las rebajas son algunas de las prácticas que señala el Ejecutivo comunitario como principales causantes de esta situación, en su última Comunicación sobre Un sector del comercio minorista europeo apto para el siglo XXI.
La Comisión Europea sitúa a España como el segundo país de la UE con mayor número de restricciones al ejercicio del comercio
Para la Comisión, «la regulación diseñada predominantemente para el comercio físico limita la capacidad de las empresas para adaptarse y reaccionar a los cambios del e-commerce” y la transformación digital. También advierte de que la “acumulación de complejos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local”, como ocurre en España, tienen un “impacto negativo sobre la eficiencia” del sector, los precios y la competencia.
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