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“Más Europa” es la consigna de moda. Avanzar hacia una unión fiscal y bancaria constituye, según una mayoría de expertos, la tabla de salvación del euro y el cinturón sanitario ante futuras crisis de deuda. Pero la lógica preocupación por la crisis financiera no una escusa para olvidar que la vacuna de “más Europa” también es urgente en otros sectores, entre ellos, el del comercio. El mercado interno de consumo en la UE sigue siendo muy local. Sólo un tercio de europeos reconoce haber comprado algo fuera de su país, bien sea por Internet, teléfono o presencial. Mientras que apenas un cuarto de los retailers se atreve a probar suerte fuera de sus fronteras. Para unos y para otros el principal obstáculo es el mismo: la gran disparidad de reglas y leyes que pesan sobre el comercio y la protección del consumidor, según el último Consumer Conditions Scoreboard.
El comercio electrónico constituye una herramienta clave para derribar las fronteras y acercar los mercados. Pero la Comisión Europea admite en este documento de trabajo que “son necesarios grandes esfuerzos para mejorar la confianza de los consumidores y las empresas hacia el e-commerce”. Por eso, en el escenario de fragmentación actual resulta complejo alcanzar el objetivo propuesto para 2015: que un 50% de los europeos compre online y un 20% de las compras sean transacciones entre países de la UE.
“El mercado único ofrece a los consumidores europeos más variedad, mejor calidad y precios más bajos fruto de la integración y el aprovechamiento de las economías de escala. También abre nuevas oportunidades para los negocios y soporte para el crecimiento económico”, explica Bruselas. De hecho, no hay que olvidar que cerca del 60% del PIB europeo se sustenta en el consumo de los hogares.
La Directiva de Servicios ya recogía esta idea de que la integración del mercado europeo es un potente estímulo para la actividad económica. Pero la libertad de establecimiento que propugnaba ha sido entendida de forma bastante dispar. En lo que afecta al comercio minorista, la Directiva no ha supuesto un cambio sustancial en España. Con menor o mayor grado muchas comunidades autónomas han mantenido restricciones para la apertura de grandes establecimientos.
Esta fragmentación del mercado español ha tenido, desde luego, un coste de oportunidad. Sólo las empresas de ANGED han visto paralizados 2.500 millones de euros de inversión por las trabas administrativas y la complejidad de las normas autonómicas.
La crisis europea ha puesto en evidencia los problemas que a largo plazo genera la fractura de los mercados nacionales y europeos. Un daño que afecta a la seguridad jurídica de las empresas pero sobre todo a los consumidores, como pone de manifiesto la Comisión Europea.
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