Las prinicpales organizaciones de la cadena agroalimentaria presentarán un recurso contencioso-administrativo contra el reglamento que desarrolla el impuesto a las bebidas azucaradas de Cataluña, que ya se ha publicado. El pasado mes de junio, las asociaciones del sector ya solicitaron al Gobierno un recurso de inconstitucionalidad contra este tributo. El sector considera que va en contra de la legislación y de varios principios constitucionales. Esta petición está basada en una nota sobre la constitucionalidad del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas de Cataluña, elaborado por el bufete Uría Menéndez. En su análisis concluye que la medida vulnera la legislación en varios aspectos fundamentales:
- Vulneración del principio de territorialidad: el impuesto no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal.
- Obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional: incentiva la deslocalización de empresas de distribución fuera de Cataluña o incluso fuera del territorio nacional.
- Vulneración del principio de prohibición de equivalencia o de doble imposición no coordinada: grava la adquisición de bebidas azucaradas envasadas por el contribuyente, repercute al consumidor final y se sumaría al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Por tanto, supondría una doble imposición.
- Vulneración de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad del legislador: no existe una suficiente justificación del impuesto para gravar los productos por razones de salud pública y es confuso en cuanto a determinados conceptos de su aplicación.
- Vulneración del principio de igualdad y no discriminación: conculcaría el principio de igualdad y no discriminación, pues introduce diferencias entre los distribuidores y suministradores de bebidas azucaradas envasadas en función de sus distintos modelos de negocio.
- Vulneración de los principios constitucionales en materia de imposición tributaria: podría resultar contrario al principio de capacidad económica, ya que en combinación con el IVA puede dar lugar a un incremento de la carga soportada por el consumidor final que agote la capacidad económica manifestada en la adquisición del producto.
El tributo rompe la unidad de mercado y pone en riesgo los principios de territorialidad fiscal que rigen en la Constitución y en el modelo de financiación autonómico
Como ya explicamos con motivo de la presentación del recurso, este impuesto abre una vía que puede generar distorsiones importantes en el funcionamiento de la unidad de mercado para un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo. Es una medida contraproducente en un mercado ya de por sí hiperregulado, como calculamos en un blogpost anterior.
La medida puede generar distorsiones para un sector estratégico en el desarrollo económico de España
Pero sobre todo, la fragmentación tiene aún menos sentido si lo consideramos en el contexto de un mercado europeo que tiende a la integración y que es cada vez más digital, un ámbito donde existen muchas menos barreras que las que pretenden imponerse a la distribución. Precisamente en este ámbito digital es donde toda la cadena agroalimentaria y el sector de la distribución tienen retos cada vez más complejos; hace falta altura de miras por parte de todos los actores implicados y que existan marcos normativos modernos y adecuados para todos. Una regulación de este tipo va en la dirección contraria y supone un golpe que fragmenta aún más el mercado.
Para saber más sobre la nota de inconstitucionalidad de Uría Menéndez puedes descargar la nota en este enlace.
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