El comercio minorista no desaparece de la agenda de reformas. Mucho antes de la crisis, organismos como el FMI y la OCDE ya recomendaron a España avanzar hacia un marco regulatorio más flexible. Y hace apenas un año, la Comisión Europea incluyó en la lista de tareas pendientes la necesidad de “eliminar las restricciones injustificables al establecimiento de grandes locales minoristas”, ”aplicar urgentemente el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado” y “reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y hacerlos más corto”.
Las «reformas que incrementan la competencia fuerzan a las firmas a reducir los precios”, con el consiguiente “estímulo a la demanda”, sentencia la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la UE.
El economista de la Universidad de Oviedo, Luis Orea, pone luz a todas estas recomendaciones en un estudio sobre los efectos de la regulación del comercio minorista sobre los precios. Según sus conclusiones, las barreras legales a la entrada han reducido el número de grandes establecimientos en un 6,9% en promedio. Al mismo tiempo, esta regulación y política restrictiva ha aumentado los precios de la cesta de la compra un 1,1% (unos 500 millones de euros), aunque la diferencia entre comunidades con más y menos regulación puede llegar al 8%.