Percepciones sobre el sistema legislativo y fiscal según el Termómetro del middle market en España, de EY
La regulación de un país y sus Administraciones pueden influir de forma diametralmente opuesta sobre la actividad económica: en ocasiones son catalizadores del crecimiento y en otras auténticos cuellos de botella, con unos costes de transacción y operativos altísimos para las compañías.
Según el último informe sobre perspectivas empresariales en España, elaborado por EY, el exceso de regulación, los cambios permanentes, la falta de eficiencia y agilidad en los procedimientos administrativos o la inseguridad jurídica suponen una preocupación para el 60% de las empresas.
Además, una parte significativa de las firmas consultadas se queja de un excesivo intervencionismo sobre su área concreta de actividad y una fragmentación del mercado que produce más ineficiencias. En definitiva, muchos sectores como el del comercio están sujetos a multitud de trabas regulatorias que afectan muy negativamente a la inversión y a la competitividad de mercado.
Muy relacionado con esta preocupación, el REAF presentó también esta semana su Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral. El estudio hace referencia a la situación normativa y tributaria de las comunidades autónomas, que cuentan con 79 impuestos propios y algunos otros más en proyecto. El REAF alerta no sólo de la profusión normativa, sino de la descoordinación y disparidad de criterios a la hora de legislar.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, que participó en la presentación del informe del REAF, alertó de que este panorama fiscal autonómico genera “abundantes litigios a todos los niveles, con intervención incluso de la UE, provocando enormes costes tanto para la Administración como, sobre todo, para el contribuyente, así como para la competitividad de las empresas”.
En este sentido, el Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales que aplican varias comunidades es un claro ejemplo de barrera a la inversión, ruptura de la unidad de mercado y distorsión de la oferta comercial.
La Comisión Europea ya advertía en su última batería de recomendaciones para España de que «la fragmentación del mercado nacional por la proliferación de normativas en los diferentes
niveles de la Administración (autonómica, local) en los distintos sectores y áreas
impide que las empresas puedan sacar provecho de las economías de escala».
;
