“Es prioritario recuperar la credibilidad y sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Pero ello solo será posible cuando se acometa nuestra gran reforma estructural pendiente, la de optimizar la eficiencia del gasto público, nunca a través de subidas impositivas que comprometen el crecimiento”, señala el Instituto de Estudios Económicos, en su estudio “Competitividad fiscal 2021: La competitividad fiscal como referencia obligada para la próxima reforma tributaria”, un análisis comparativo de la recaudación fiscal de países de la OCDE.
Como explican los autores del informe, algunas de las principales economías de la OCDE consideran que los ajustes basados en incrementos de ingresos tienden a prolongar las crisis y ralentizan la vuelta al crecimiento, sin embargo, en España, como ya ha sucedido en anteriores crisis económicas, la reducción de la recaudación tributaria debido al descenso en la actividad económica está tratando de ser compensada con la introducción de nuevos tributos o la reforma de los existentes, haciendo especial hincapié en la tributación empresarial.
Por tanto, como respuesta a la crisis, y siguiendo el modelo de estos países, el IEE considera que el aumento de la recaudación tributaria debe basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, así como en la lucha contra el fraude fiscal.
El Índice de Competitividad Fiscal (ICF) compara el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema más razonable y favorecedor del crecimiento y evidenciando qué demarcaciones sufren un modelo más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y del progreso socioeconómico. España se sitúa en el año 2021 en la posición 30 de los 37 países analizados, cuatro puestos más abajo que en el año 2020, lo que refleja una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional.
A partir del ICF, el Instituto de Estudios Económicos ha desarrollado un indicador denominado Indicador de presión fiscal normativa, entendida como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga, y en 2021 dicho indicador para España se sitúa en 112,8 puntos, es decir, un 12,8% más elevada que la media de la UE, y también mayor que los 110,5 puntos del año 2020, donde soportaba una presión fiscal normativa un 10,5% superior a la del promedio de la Unión Europea.
Si analizamos la presión fiscal medida como recaudación sobre PIB, teniendo en cuenta el efecto de la economía sumergida, lo que los datos sugieren es que en España se recauda el 35,4% del PIB total del país, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad, dado que el 22% del PIB es economía sumergida. Si se pudiese reducir la economía sumergida para que contribuyese el 87% de la actividad (13% de economía sumergida, como en la UE), la recaudación tributaria podría llegar a aumentar más de 4 puntos del PIB.
En cuanto al esfuerzo fiscal, que tiene en cuenta la diferencia en los niveles de renta relativos de los distintos países, estableciendo la UE-28 como nivel 100, se puede apreciar que España realiza un esfuerzo fiscal un 8,1% superior al de la Unión Europea, que ya, de por sí, es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE.
Según Eurostat, la proporción de recaudación que en España procede de las empresas es considerablemente superior a la media europea, ya que los ingresos públicos que aportan las empresas con respecto al total son, en España, del 31,9%, mientras que la media de la eurozona es del 25%. En relación con el Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 21,2% superior al del promedio de la OCDE.
En un momento de profunda crisis, añade el IEE, la única forma de aumentar, de manera sostenible, nuestra recaudación impositiva pasa por favorecer la recuperación de la actividad. Para ello “nuestro objetivo debiera ser tener una fiscalidad competitiva y homologada con nuestro entorno para favorecer la actividad, la inversión empresarial y el empleo”.
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