La lluvia fina de datos positivos que ha comenzado a regar la economía española no es una excusa para dejar de preparar y abonar el campo. La Comisión Europea no quiere que una euforia temprana frustre la salida real de la crisis en España. Por eso, ha vuelto a recordar que todavía queda «un importante recorrido para nuevas reformas en España, en particular la mejora de la competencia de los mercados, la mejora del capital humano y el sistema fiscal». Según un estudio de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, el PIB español podría avanzar hasta un 4,4% en cinco años y cerca de un 7% en la próxima década si las Administraciones abordan de forma decidida la reforma fiscal, del mercado laboral, la educativa, el modelo de I+D y, por supuesto, la supresión de barreras injustificadas que todavía pesan sobre algunos mercados, como el de la distribución.
El estudio de la Comisión analiza la situación de Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Grecia y España; y compara el impacto que sobre cada economía tendría en el medio y largo plazo la aplicación de grandes reformas estructurales.
Reducir las barreras administrativas de entrada en el sector servicios y los costes que suponen para la inciativa privada es una tarea fundamental para la Comisión.«Reformas que incrementan la competencia fuerzan a las firmas a reducir los precios», con el consiguiente «estímulo a la demanda», asegura. Según los autores del informe, la combinación de una oferta más competitiva y una demanda más dinámica tiene «beneficios apreciables. En particular, las remuneraciones salariales crecen debido al mayor nivel de empleo y el avance de los salarios reales». «Los salarios reales también se benefician de los mayores niveles de inversión» y, añade, que además permite incorporar al mercado laboral a colectivos más afectados por el desempleo, como los «perfiles de menor cualificación».
«Reducir las barreras administrativas de entrada, no solo implica una reducción de los costes y la financiación inicial requerida, sino que permite compartir nuevas ideas y modelos de negocio», sentencia la Dirección General de Asuntos Económicos.
No es la primera vez que la Comisión pone el dedo en la llaga de la sobrerregulación del sector servicios y, en concreto, del comercio minorista. El informe de recomendaciones a España de mayo de 2013 ya instaba al Gobierno a «eliminar las restricciones injustificables al establecimiento de grandes locales minoristas», «aplicar urgentemente el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado» y «reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y hacerlos más corto». Unas recomendaciones alineadas con las que pocos meses antes realizó la OCDE.
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