El desarrollo del mercado único europeo sigue siendo una tarea a completar por parte de los países de la UE. El último estudio de Eurochambres sobre El estado del mercado único europeo recoge algunas de las principales preocupaciones empresariales sobre la complejidad de los procesos administrativos, la fragmentación normativa que sigue existiendo en la comercialización y producción, el difícil acceso a la información…
A la luz de la encuesta realizada a empresas de todo el continente, Eurochambres recuerda que «la implentación, aplicación y cumplimiento de las reglas debería ser considerado como una prioridad y tener un lugar central a nivel europeo para impulsar la confianza empresarial en los diferentes estados miembro«. Y alerta de que «algunas administraciones nacionales y, a veces, incluso los tribunales no son lo suficientemente independientes, y la discriminación y el trato injusto aumentan en lugar de disminuir a la luz de las tendencias proteccionistas«. Es decir, hay un riesgo de no avanzar.
Para la organización que agrupa a las cámaras de Comercio europeas, un marco normativo que funcione bien «es la base de una economía e indispensable para un clima empresarial y de inversión positivo en el mercado único. En el contexto de tendencias cada vez más proteccionistas y nacionalistas y con un sistema de protección legal que funciona hasta cierto punto en algunos Estados miembros de la UE, se cuestiona el mercado único». Por eso, demanda un procedimiento más ágil y medidas para hacer frente a las infracciones y hacer más transparente las reclamaciones sobre el mercado único.
La complejidad de los procedimientos administrativos, que supone un coste de transacción altísimo para las empresas, se mantiene como le principal obstáculo para hacer negocios en el mercado único europeo, según el 79,5% de los encuestados. Según el análisis de Eurochambres, los servicios (como es el caso del comercio minorista), observan mayores obstáculos que los productores. En concreto, para las actividades de servicios las diferente aplicación a nivel nacional de las normativa es el mayor obstáculo para su actividad. En países como España, esto se agrava si cabe ya que en el caso del comercio, por ejemplo, la normativa está fragmentada en 17 desarrollos autonómicos.
Entre las propuestas de mejora por parte de Eurochambers, está la simplificación de la carga administrativa, la mejora de la información para operar en el mercado único, la digitalización de los procedimientos, mejorar la cooperación y avanzar en el cumplimiento y harmonización de las normas.
España es uno de los países que más podría beneficiarse de la aplicación de la Directiva de Servicios
España es el segundo país de la Unión Europea que más se podría beneficiar de una aplicación plena de la Directiva de Servicios, con un crecimiento del 3,6% del PIB y un repunte de la productividad -talón de Aquiles de nuestra economía-, del 9%, según el estudio Making EU trade services work for all elaborado por Copenhagen Economics. Sin embargo, diez años después de la Ley Omnibus que traspuso la Directiva de Servicios en España, el bloqueo de esta reforma por parte de las comunidades autónomas ha anulado su impacto y perjudicado especialmente a sectores como el comercio.
La Directiva fue impulsada con el objetivo de eliminar el gran número de obstáculos que impiden y frenan el desarrollo de los servicios en el seno de la UE. Desde su transposición en España, el retail ha vivido una revolución sin precedentes, marcada por la disrupción digital, la transformación del consumo y la emergencia de grandes competidores globales que operan en exclusiva en Internet. Pese a todo, el intervencionismo autonómico está produciendo una fragmentación en 17 mercados, lo que ha situado a España como el segundo país de la UE con más barreras al establecimiento y al ejercicio del comercio, como ha denunciado la Comisión Europea.