La Comisión Europea ha publicado recientemente el Estudio Prospectivo Anual para 2016, cuya finalidades exponer las principales líneas de la agenda de la Comisión para el crecimiento y empleo de los Estados miembro. Es decir, señalar qué se puede hacer a nivel europeo para ayudarles a impulsar el crecimiento, reforzar la convergencia económica, crear empleo y fortalecer la justicia social.
Siguiendo esta línea, la Comisión, en sus Retos para para los entornos de inversión en los Estados miembro, muestra los desafíos a los que se enfrenta España para poder garantizar las inversiones extranjeras y cita expresamente como problema la carga de las barreras administrativas y regulatorias.
En este sentido, apunta, por una parte, que el tiempo necesario para obtener licencias y permisos para desarrollar cualquier actividad es mucho más largo que el de otros Estados miembro; y, por otra, que la fragmentación del mercado doméstico debido a la proliferación normativa a nivel regional y local impide a las empresas aprovecharse de las economías de escala.
Es más, al respecto dedica un segmento específico a cómo le afecta al comercio minorista: «[existen] restricciones al establecimiento de grandes centros de comercio minorista. Si se ejecutasen de modo eficaz, las reformas introducidas recientemente en las condiciones para la obtención de licencias podrían ser de utilidad. Tales barreras también se derivan del uso del suelo y su clasificación con arreglo a la normativa de planificación urbana en vigor».
A pesar de los avances en material de unidad de mercado durante estos últimos años, Bruselas insiste en que es necesario profundizar más, sobre todo a nivel autonómico. La conclusión que se desprende es que la unidad de mercado en todo el territorio español es esencial tanto para el sector del comercio como para el crecimiento de España en general.
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