• Tres cuartas partes de la producción agrícola se venden directamente a la industria
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• En la mayoría de categorías alimentarias, el grado de concentración de las empresas industriales es significativamente superior al de las grandes empresas de distribución
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• La reforma de la cadena alimentaria debe respetar las reglas indispensables de la libre competencia. Nos parece un error el intervencionismo estatal en el libre mercado
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Madrid, 24 de octubre 2012. La distribución comprende el objetivo del Gobieo de impulsar una reforma del sector agroalimentario, con el fin de mejorar su eficacia y competitividad. Es necesario avanzar en la modeización del tejido productivo para garantizar su sostenibilidad. En este sentido, la distribución organizada considera que las empresas comerciales desempeñan un papel esencial en la cadena alimentaria y que, hasta la fecha, su contribución ha sido muy importante en la modeización de la economía agraria y en la apuesta por un tejido de producción más estructurado y estable.
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La distribución no tiene mayor inconveniente en participar en la mejora del sector productivo y las condiciones en las que trabajan los agricultores, porque redunda en el beneficio de todos, principalmente de los consumidores. Como prueba de ello, la distribución viene colaborando intensamente en los últimos años con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las Comunidades Autónomas y las asociaciones de la cadena agroalimentaria para mejorar la cadena de valor.
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ANGED comparte con ACES y ASEDAS la consideración de que la futura Ley de la cadena alimentaria no puede suponer un instrumento para intervenir la posición negociadora de los agentes y, en concreto, de las empresas que venden directamente al consumidor y que, por tanto, son responsables últimos de ofrecer a éste las mejores condiciones de surtido y precio posible en colaboración con sus proveedores. La mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria no puede olvidar que para ser socialmente responsables es esencial el respeto a las reglas de la libre competencia que beneficia a los consumidores, especialmente en un momento de grave crisis económica como en el que nos encontramos.
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Frente a la imagen de posición dominante y concentración que algunas voces otorgan a las empresas de distribución, éstas recuerdan que tres cuartas partes de la producción agrícola se venden directamente a la industria. Si se analizan los mercados según las diferentes categorías alimentarias, la concentración de las grandes empresas industriales resulta significativamente superior a la de las grandes empresas de distribución. En todo caso, la ley de la cadena alimentaria, como su propio nombre indica, debería velar por las buenas prácticas de todos los eslabones que participan en ella especialmente del sector industrial en sus relaciones con los productores agrarios, dando seguridad a los pagos y sostenibilidad a los productores.
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Focalizar la atención en la actividad de la distribución es un error, que podría traducirse en un tratamiento por parte de la Administración discriminatorio y no proporcionado que terminaría perjudicando a los consumidores. En este sentido, a diferencia de la industria, las relaciones entre la distribución y sus proveedores están sometidas desde 1996 a una intensa regulación y la propia CNC ha señalado reiteradamente cuando ha analizado los mercados alimentarios que el comportamiento de las empresas de distribución no ha generado efectos negativos para el funcionamiento de estos.
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En definitiva, entendemos que el objetivo de la Ley que acaba de presentar el Gobieo, en un mercado globalizado, debe ser proporcionar a los consumidores los mejores productos con la máxima calidad y al mejor precio posible. Por ello, las organizaciones más representativas de la distribución reclaman que la reforma de la cadena alimentaria, si se tiene que hacer, se haga desde criterios económicos responsables e implique a la industria, sin caer en planteamientos demagógicos que dificulten una solución sólida y equilibrada de los problemas de los productores y, fundamentalmente, asegurando la defensa de los consumidores a los que sirven todos los sectores implicados.
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